El histórico confl icto entre España y Cataluña ha entrado en una fase acelerada de resolución a partir del momento en que la absurda sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2010 negó arbitrariamente la condición nacional a Cataluña. La posición colonial del Estado español, tradicionalmente mantenida por las armas y la represión, trataba así de legitimarse recurriendo a la solemnidad de la justicia. Los jueces, complacientes con el poder político al que deben el cargo, traspasaron todos los límites pensables de su competencia formal y material para sentenciar en una materia, como el sentimiento nacional, completamente fuera de sus atribuciones. Aquella sentencia, vivida como una afrenta a la nación catalana, aventó la adormecida hoguera catalanista y en meses, el sentimiento independentista pasó de un 15% a cerca de un 50%. Este comportamiento tan necio no es nada nuevo en la historia de España, que lleva siglos actuando contra la libertad y los derechos de los pueblos
