Tanto desde un punto de vista económico-contable, como financiero y de gestión, las cuentas anuales, el Estado de Información no Financiera (EINF), Informe de sostenibilidad o Estado de Sostenibilidad, y otros documentos que recogen cualquier otro tipo de información sobre la empresa y/o entidades, contribuyen a ponerla en valor y a diferenciarla. Sin duda, aquellas corporaciones, empresas, instituciones y entidades que operan en un mundo cada vez más globalizado -ya sea por inversión directa, exportación, otros negocios internacionales, acceso a financiación y/u otros intereses nacionales- deben elaborar y publicar, no sólo información financiera "tradicional" sino también información no financiera o de sostenibilidad, y no únicamente ya por su propio interés de gestión, sino por la necesaria traslación al mercado e incluso, desde el año 2018, de forma obligatoria en España para algunas de ellas, entre las que se encuentran las empresas de más de 250 trabajadores y cumplan uno de los requisitos de tamaño de activo o importe de la cifra de negocios establecidos. A partir de la transposición de la Directiva CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive) al ordenamiento español, Directiva sobre Información corporativa de Sostenibilidad, la obligación imperará para un mayor número de empresas. En este contexto, las primeras empresas obligadas deberían ya confeccionar el Estado de Sostenibilidad del ejercicio 2024 a presentar en 2025 teniendo en cuenta la nueva normativa y su estándar de presentación (NEIS), Normas Europeas de Información de Sostenibilidad
No sólo grandes y medianas corporaciones, sino que cada vez más en pymes y otras entidades, la revelación de información no financiera o de sostenibilidad se convierte en una pieza clave para, por ejemplo, tener un primer acceso a los mercados, obtener financiación de forma más ágil, despertar el interés para establecer los primeros contactos con clientes, proveedores, inversores, socios, partícipes y/o donantes o, por ejemplo, cumplir los requerimientos de información sobre sostenibilidad que es demandada por ser parte de la cadena de valor (proveedores, clientes, socios, entre otros) de otras corporaciones obligadas. Y más teniendo en cuenta la publicación en España de la Ley 11/2018 de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y diversidad. A través de esta Ley en España se concluyó la transposición de la primera Directiva Europea al respecto, a la que le ha sucedido la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022, que deberá ser transpuesta al ordenamiento español en el año 2024.
En junio de 2020, la Comisión Europea incluyó la revisión de la primera directiva referente a la información no-financiera como uno de los proyectos listados en el desarrollo del denominado UE Green Deal. Para ello solicitó asesoramiento técnico al European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) sobre la elaboración de unas posibles normas europeas de información no-financiera en el marco de este proceso de revisión. En marzo de 2021 se publicaron los informes del grupo de trabajo técnico creado ad-hoc (Project Task Force- Non-Financial Reporting Standards, PTF-NFRS) para asesorar sobre las normas europeas a este respecto y sobre la nueva estructura de gobernanza necesaria para el EFRAG en el caso de que se hiciera cargo de la emisión de estas normas. En abril de 2021 la Comisión Europea hizo pública la propuesta de nueva directiva sobre información de sostenibilidad para comenzar sus posteriores trámites en el Consejo y el Parlamento Europeo, y finalmente se aprobó el 14 de diciembre y publicado el 16 de diciembre la Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la que se modifican el Reglamento (UE) n.º 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información de sostenibilidad por parte de las empresas
